El proceso judicial por el derrame de petróleo ocurrido en abril de 2020 en la zona del Coca continúa en Orellana, donde actualmente se desarrollan peritajes ordenados por el juez. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, explicó que el caso regresó a esta instancia luego de que la Corte Constitucional determinara que no se había garantizado el debido proceso a las comunidades kichwas. Según Idrovo, los datos que maneja la organización señalan que el derrame habría superado los 16.000 barriles de petróleo y que la afectación alcanzaría a entre 25.000 y 27.000 personas.

Idrovo recordó que el peritaje psicosocial realizado en el marco del proceso evidencia afectaciones en las comunidades y cuestionó las medidas adoptadas durante la emergencia. Para la coordinadora, el caso plantea la necesidad de fortalecer la prevención, la respuesta ante emergencias ambientales y la atención a las comunidades afectadas.

 Elba Luzardo, CORAPE