La reciente aprobación de la Ley Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Indebido de Uniformes e Insignias de Seguridad ha generado cuestionamientos en torno a una de sus disposiciones. El artículo 20 faculta a la Contraloría General del Estado a eliminar información catalogada como restringida o confidencial en un plazo de hasta 30 días.

El abogado constitucionalista Diego Neira considera que esta medida podría afectar el acceso ciudadano a la información pública. A su criterio, la disposición abre la posibilidad de restringir documentos de interés colectivo y limitar mecanismos de control social sobre la gestión estatal.

Neira también advirtió que la norma podría ser impugnada ante la Corte Constitucional mediante acciones de inconstitucionalidad. Mientras no exista un pronunciamiento del máximo organismo de control constitucional, señaló que la Contraloría estaría facultada para aplicar la disposición una vez que la ley sea publicada en el Registro Oficial.

Nicolle Mendoza, CORAPE.