Los representantes de Unidad Popular (UP) y concejales de dos provincias del país, llegaron hasta la Corte Constitucional (CC), para colocar una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de los GAD. Mencionan que la norma vulnera derechos y generaría reducir presupuestos para inversión social.
Rolando Goyes García, CORAPE
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