Las expresiones difundidas en redes sociales por el asambleísta Sergio Peña contra la comunicadora Alondra Santiago han puesto en discusión las posibles implicaciones de la violencia de género en los espacios digitales y políticos. Brenda Guerrero, representante del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha, considera necesario analizar estos hechos y establecer si podrían constituir formas de violencia digital.

La experta sostiene que este tipo de situaciones requiere una respuesta institucional que vaya más allá del debate público. En ese sentido, señala que organismos como el Comité de Ética de la Asamblea Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral deben intervenir dentro de sus respectivas competencias. Además, advierte sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención para evitar que estas conductas se repitan.

En el ámbito legislativo, la asambleísta Jahiren Noriega, de la bancada de Revolución Ciudadana, presentó una queja administrativa contra Peña. El procedimiento establece que la denuncia debe ser remitida al Consejo de Administración Legislativa (CAL) en un plazo de tres días, para que se revise si reúne los requisitos necesarios para su admisión.

Si el organismo acepta la queja a trámite, se establecerán los plazos para que las partes presenten sus argumentos y, de ser necesario, podrán ser convocadas a una sesión. El proceso deberá determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades, de acuerdo con la normativa legislativa vigente.

Nicolle Mendoza, CORAPE.