Este martes la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, realizó un plantón y posterior movilización hasta la Asamblea Nacional, pidiendo que la Legislatura se pronuncie sobre la disposición de la Corte Constitucional (CC), que aceptó parcialmente la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece sanciones a conductores que brindan servicio de taxi en vehículos que no cuentan con autorización para hacerlo.

Rolando Goyes García, CORAPE