El pedido de fiscalización a la administración municipal de Quito reabre el debate sobre los límites de las competencias de la Asamblea Nacional frente a presuntas irregularidades en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El constitucionalista Stalin Raza sostiene que el Legislativo puede fiscalizar la gestión municipal, pero no ejercer control político mediante juicios políticos contra sus autoridades.

Raza explica que la Constitución establece límites para el ejercicio de la fiscalización legislativa y exige respetar la autonomía de los GAD. En ese marco, si una comisión especializada conoce el caso, deberá elaborar un informe que identifique posibles indicios de irregularidades y remitirlo a las autoridades de control competentes.

Por su parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) atribuye al Concejo Municipal de cada cantón la competencia para fiscalizar la gestión de su alcalde o alcaldesa. Esta disposición vuelve a poner sobre la mesa el alcance de la intervención de la Asamblea en la administración local.

En medio de este debate, sectores de oposición cuestionan las investigaciones impulsadas desde el Legislativo contra municipios y advierten sobre un posible uso político de estos procesos con fines electorales. La discusión plantea una interrogante sobre el equilibrio entre la fiscalización de la gestión pública, el respeto a la autonomía municipal y las competencias de cada institución del Estado.

Nicolle Mendoza, CORAPE.