El Consejo de la Judicatura resolvió eliminar las dependencias especializadas en el juzgamiento de casos de corrupción y crimen organizado y trasladar estas competencias a jueces ordinarios. La medida responde, según el organismo, a un desequilibrio operativo en el actual modelo de justicia especializada.

La decisión genera cuestionamientos entre especialistas. La abogada penalista Alejandra Garzón rechazó la supresión de estas dependencias y sostuvo que trasladar las causas a jueces ordinarios no constituye una solución adecuada para optimizar los recursos de la Función Judicial.

Garzón también advirtió sobre el tiempo que tendrán los más de 50 jueces habilitados para asumir estos procesos, debido al nivel de complejidad y especialización que requieren las causas relacionadas con corrupción y crimen organizado. Además, señaló que esta modificación no correspondería a una decisión administrativa de la Judicatura y que debería ser competencia de la Asamblea Nacional.

Según el comunicado oficial de la Judicatura, las causas que ya se encuentran en trámite y cuyas audiencias hayan sido instaladas o estén suspendidas continuarán a cargo de los jueces previamente asignados. El organismo añadió que se priorizarán los procesos de extinción de dominio, con el objetivo de recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas.

Nicolle Mendoza, CORAPE.