La Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP), el Frente de Pacientes Renales y el Frente de Defensa por la Seguridad Social, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 527, que establece mecanismos para financiar los sectores de salud y educación con ingresos no permanentes del Estado.

Las organizaciones expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de esta disposición presupuestaria. Sostienen que utilizar ingresos no permanentes para financiar áreas esenciales podría poner en riesgo la estabilidad de los recursos destinados a garantizar servicios públicos, así como la continuidad de programas y políticas en salud y educación.

Con la acción presentada ante la Corte Constitucional, los colectivos buscan que los magistrados analicen la compatibilidad del decreto con la Constitución. La demanda deberá ser admitida y examinada por el organismo, que determinará si la normativa cuestionada se ajusta al marco constitucional vigente.

Rolando Goyes García, CORAPE