La militarización, las restricciones a las libertades democráticas y las garantías para el ejercicio de la justicia fueron temas centrales en dos audiencias sobre Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas el 27 y 28 de octubre de 2026, en Panamá. Durante las sesiones, organizaciones sociales expusieron sus preocupaciones sobre las políticas estatales y sus posibles efectos en los derechos humanos.

En la primera audiencia, Fernando Bastia, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuestionó las restricciones a las libertades democráticas justificadas en nombre de la seguridad del Estado. Las organizaciones participantes también denunciaron la militarización, la aplicación de leyes restrictivas y la persecución contra personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, la delegación ecuatoriana defendió la actuación de las instituciones y sostuvo que la elaboración de leyes responde a los procedimientos normativos vigentes.

El segundo día, las intervenciones se centraron en la independencia judicial. Dolores Miño, representante del Observatorio de Derechos y Justicia, denunció presuntos patrones de hostigamiento, acoso y judicialización contra operadores de justicia que resultan incómodos para el poder político.

Tras escuchar los planteamientos, los comisionados de la CIDH expresaron su preocupación por los patrones que deterioran el espacio cívico, especialmente por sus implicaciones para las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como para el derecho a defender los derechos humanos.

Las audiencias se desarrollaron en el marco del 197.º Período de Sesiones de la CIDH, en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en Ciudad de Panamá. Los señalamientos expuestos ponen sobre la mesa los desafíos que enfrenta Ecuador para garantizar los derechos humanos, la independencia judicial y las condiciones necesarias para la participación ciudadana.

Foto: CIDH

Nicolle Mendoza, CORAPE.