El asesinato de la Fiscal Alexandra Bravo, ocurrido en Manta el pasado 14 de junio, puso nuevamente en debate la seguridad que tienen los operadores de justicia en Ecuador. Daniel Pontón, catedrático y experto en seguridad, señala que el Gobierno debe garantizar su protección con mecanismos efectivos.  

Ratifica que no existen condiciones para que la justicia pueda actuar sin presiones y con las garantías que desde el Estado debería contar. 

Adicional que el tema de protección a los jueces, fiscales, notarios y otros, va más allá que un equipo táctico o de guardaespaldas. 

Rolando Goyes García, CORAPE