El Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó un balance sobre el primer año de trabajo de la Asamblea Nacional. La investigadora María Andrea Coronel explicó que se aprobaron 22 leyes durante este periodo. Sin embargo, varias de estas normativas enfrentan cuestionamientos legales y demandas de inconstitucionalidad.

En materia de fiscalización, el informe evidenció una baja efectividad en los juicios políticos impulsados por los legisladores. De las siete solicitudes planteadas en la Asamblea, únicamente dos concluyeron con censura y destitución. El estudio también analizó el uso de pedidos de información realizados por los asambleístas a distintas entidades públicas.

El Ministerio de Salud Pública aparece como la institución que más requerimientos recibió por parte de los legisladores. No obstante, según el Observatorio, también figura entre las entidades con menor nivel de respuesta. Frente a este panorama, los investigadores plantearon fortalecer la participación ciudadana y promover consensos en la creación de leyes. Fotografía: Asamblea Nacional.

Nicolle Mendoza, CORAPE.