La Unión Nacional de Educadores junto con otras organizaciones sindicalistas y sociales acudieron hasta la Corte Constitucional (CC) para exigir que se derogue la Ley de Integridad Pública, impulsada por el Gobierno, ya que contiene artículos que vulneran los derechos de los trabajadores, entregando así un documento oficial con todas sus observaciones de inconstitucionalidad. 

Nicolle Mendoza, CORAPE.