El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) presentó el pasado 28 de agosto una acción de protección contra el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), por la restricción de visitas a las personas privadas de libertad recluidas en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

Ariadne Celi, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), explicó que la medida se sustenta en el reglamento que clasifica a las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad. Sin embargo, cuestionó sus efectos sobre los derechos de los internos y sus familiares.

Celi señaló que el país atraviesa una crisis penitenciaria y advirtió sobre las condiciones de insalubridad y sobrepoblación que, según indicó, pueden incrementar los conflictos dentro de los centros de privación de libertad. A su criterio, la medida también podría contribuir a generar temor y a construir la figura de un “enemigo interno”.

Ante esta situación, el CDH solicitó a la jueza que conoce la acción de protección suspender la tramitación de la causa y elevar una consulta a la Corte Constitucional. El objetivo es que el máximo organismo constitucional determine si la disposición que restringe las visitas es compatible con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Nicolle Mendoza, CORAPE.