La muerte de la activista anticorrupción Monika Silva ha reactivado las preocupaciones sobre las condiciones en las que ejercen su labor quienes denuncian presuntos actos de corrupción en Ecuador.

Diversas organizaciones advierten que este tipo de hechos evidencian un entorno de creciente exposición y riesgo para defensores de derechos y activistas sociales.
El caso se enmarca en un debate más amplio sobre seguridad y protección en el ejercicio ciudadano.

Vivian Idrobo, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, citó datos de un informe de Front Line Defenders que describe un panorama preocupante en la región.
El documento reporta que durante 2025 más de 200 defensores fueron asesinados en América Latina, incluyendo siete casos registrados en Ecuador. Estas cifras, señala, reflejan la persistencia de riesgos graves para quienes defienden derechos o denuncian irregularidades.

Idrobo sostiene que estos hechos no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de una dinámica de violencia más amplia. En ese contexto, mencionó también los casos de Robinson del Pezo y Manuel Cabrera ocurridos en meses recientes.

Según su criterio, este escenario genera efectos sociales de temor que pueden inhibir las denuncias y debilitar los mecanismos de control ciudadano.

Nicolle Mendoza, CORAPE.