La destitución de tres jueces que integraron el Tribunal de Apelación del caso Goleada genera cuestionamientos en el ámbito judicial. El Consejo de la Judicatura justificó la medida al señalar que los magistrados incurrieron en error inexcusable al revocar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos y otros procesados por presunto lavado de activos.

Frente a esta decisión, el abogado penalista Franco Tamay considera que la Judicatura realizó una interpretación que no se ajustaría a los requisitos establecidos en la normativa para determinar un error inexcusable. A su criterio, esta resolución vuelve a poner en discusión la independencia judicial y las garantías para el ejercicio de la función jurisdiccional.

El experto sostiene que la institución pudo aplicar una sanción menos severa, como la suspensión temporal, medida que ya se había impuesto a los jueces durante tres meses mientras se desarrollaba el sumario administrativo en su contra.

Respecto a las alternativas legales, Tamay explicó que los magistrados pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para cuestionar la legalidad de la resolución por posibles vulneraciones al debido proceso o falta de motivación. También pueden presentar una acción de protección si consideran que se vulneraron sus derechos constitucionales.

Nicolle Mendoza, CORAPE.