Los extrabajadores de Furukawa volvieron a las calles para exigir que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional que reconoció que más de 300 personas fueron sometidas durante décadas a condiciones de tipo esclavista. Durante un plantón realizado frente a la institución, los afectados reclamaron la aplicación de las medidas de reparación, entre ellas una indemnización de USD 120.000 para cada víctima.

Rubén Cañizares, quien trabajó en la empresa desde la década de 1970, cuestionó el mecanismo planteado para cumplir con las indemnizaciones y aseguró que los pagos podrían extenderse durante 98 años. También alertó que varios de sus compañeros han fallecido sin recibir la reparación ordenada por la justicia.

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, organización que acompaña a los accionantes, señaló que, de todas las medidas dispuestas por la Corte Constitucional, únicamente una se ha cumplido.

Para Arellano, el caso Furukawa constituye un ejemplo de esclavitud moderna y revela que todavía existen condiciones laborales precarias en el país. Además, cuestionó las deficiencias en los mecanismos de inspección y control que, a su criterio, deben ser fortalecidos por el Ministerio del Trabajo.

Nicolle Mendoza, CORAPE.