El presidente Daniel Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 366, que contiene el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, con el objetivo de reforzar los controles en las cárceles del país. La normativa introduce una clasificación de los centros penitenciarios según niveles de seguridad —máxima, media y mínima— como parte de una reorganización estructural del sistema. Para el experto en seguridad Jean Paul Pinto estas medidas podrían quedar en el papel si no se enfrenta la corrupción interna.

Entre los cambios más relevantes, el reglamento establece la prohibición del uso de dinero en efectivo dentro de los centros de privación de libertad, una medida que busca limitar economías ilegales al interior de las cárceles. No obstante, Pinto asegura que esta disposición podría generar tensiones o reacciones por parte de grupos delictivos que operan en estos espacios, lo que plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas del control penitenciario.

El documento también introduce modificaciones en el régimen de visitas, que podrán realizarse de manera presencial o virtual, así como el monitoreo de las comunicaciones, las cuales podrán ser grabadas con fines de seguridad. A pesar de estos ajustes, el experto señala que aún no existe claridad sobre los mecanismos de rehabilitación, especialmente en el ámbito laboral, lo que deja dudas sobre la efectividad del modelo para la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Nicolle Mendoza, CORAPE.