Con seis votos a favor, la Comisión de Fiscalización recomendó el 24 de julio de 2026 archivar el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con el contrato suscrito entre CELEC EP y Austral Technical Management (ATM). La decisión deberá ser conocida ahora por el Pleno de la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra sobre el archivo del proceso.

El experto en gestión pública Mauricio Alarcón calificó la decisión de la Comisión como predecible y cuestionó el desarrollo del juicio político. A su criterio, el proceso se convirtió en un “show mediático” que terminó por desnaturalizar el objetivo de la fiscalización política.

Alarcón también cuestionó el tratamiento que la Comisión de Fiscalización dio a las pruebas de cargo y de descargo. Según el experto, durante el análisis se habrían aplicado criterios subjetivos que podrían afectar la valoración de los elementos presentados dentro del proceso.

Ahora, el informe de la Comisión deberá llegar al Pleno Legislativo, donde los asambleístas deberán votar si aceptan o rechazan la recomendación de archivo. Para Alarcón, el escenario electoral podría convertirse en un factor que influya en la decisión que adopte la Asamblea.

Si el Pleno determina que existió responsabilidad política de Inés Manzano, la consecuencia podría ser su censura y, al tratarse de una exfuncionaria, su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años, de acuerdo con el marco constitucional.

Nicolle Mendoza, CORAPE.