En Ecuador, cerca de seis procesos de designación y renovación de autoridades permanecen pendientes en distintas instituciones del Estado. Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estos retrasos evidencian deficiencias en el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el incumplimiento de los plazos constitucionales.

Alarcón sostiene que el CPCCS no ha respetado los tiempos establecidos en la Constitución para llevar adelante los procesos de selección de autoridades. Advirtió que la permanencia de funcionarios en sus cargos mediante prórrogas puede generar riesgos para la institucionalidad democrática y el equilibrio del Estado.

Entre los procesos pendientes están la renovación parcial y la designación de vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo proceso se arrastra desde 2021; la renovación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), prevista inicialmente para 2022 y con otra etapa pendiente desde abril de 2025; y la designación del nuevo defensor del pueblo, postergada desde 2021.

A estos procesos se suma el concurso para elegir al fiscal general del Estado, que se encuentra en marcha y cuya conclusión se espera para finales de 2026. Estos retrasos mantienen en debate la capacidad de las instituciones responsables de garantizar la renovación oportuna de las autoridades y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de seguimiento y control de los concursos públicos, así como sobre las medidas necesarias para evitar nuevas postergaciones y garantizar la independencia de las instituciones del Estado.

Nicolle Mendoza, CORAPE.