El Decreto Ejecutivo 527, emitido el pasado 29 de octubre por el presidente Daniel Noboa, abrió el debate sobre el manejo de las finanzas públicas. La disposición autoriza, de manera excepcional, que los gastos permanentes en salud, educación y justicia se financien con ingresos no permanentes dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027. Frente a esta medida, el analista económico y constitucionalista Aquiles Hervas advierte sobre sus posibles consecuencias para estos sectores.

Hervas señala que este mecanismo no es nuevo y podría incrementar el endeudamiento estatal. Además, considera que la disposición podría ser objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, debido a sus implicaciones jurídicas y presupuestarias.

El experto también cuestiona el enfoque de política económica detrás de esta decisión. A su criterio, recurrir a mecanismos excepcionales para financiar servicios esenciales podría responder a una estrategia que, a largo plazo, favorecería procesos de privatización en Ecuador y otros países de la región.

Por su parte, el Observatorio de la Dolarización advirtió que esta medida, sumada a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de reducción del gasto público, podría derivar en recortes presupuestarios para sectores fundamentales. Asimismo, alertó sobre los posibles efectos de una política fiscal debilitada en la sostenibilidad de la dolarización.

El debate se centra ahora en las implicaciones económicas, jurídicas y sociales de esta disposición, así como en las garantías para mantener el financiamiento de los servicios públicos.

Nicolle Mendoza, CORAPE.