Trabajadores de clínicas dializadoras y pacientes renales entregaron en la Corte Constitucional una solicitud para que se cumpla con la sentencia de 2020 emitida por el Tribunal, en la cual se señaló la elaboración e implantación de un cronograma para los pagos que adeuda el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con este sector. Actualmente, el Estado mantiene una deuda de 140 millones de dólares.  

Nicolle Mendoza, CORAPE