El Gobierno ecuatoriano oficializó un nuevo decreto en el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno y plantea una reconfiguración de las acciones estatales frente a la inseguridad. La medida contempla la posibilidad de coordinar apoyo de fuerzas extranjeras en el marco de acuerdos de cooperación internacional para enfrentar a organizaciones criminales.Para el constitucionalista, Sebastián Salazar, es preocupante esta disposición, ya que se estaría poniendo en riesgo la autonomía que tiene el país en la toma de decisiones.

El documento también abre la puerta a la participación de civiles en determinadas tareas vinculadas al conflicto, lo que ha generado preocupación en sectores jurídicos, ya que el decreto 424 no establece mecanismos precisos sobre su participación.

El constitucionalista Sebastián Salazar advirtió que este conjunto de disposiciones podría derivar en demandas de inconstitucionalidad. Además, señaló que el alcance del decreto podría generar observaciones a nivel internacional por posibles riesgos de afectación a derechos fundamentales.

Nicolle Mendoza, CORAPE.