El abogado constitucionalista Alberto Montenegro cuestionó la decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de suprimir la Unidad Anticorrupción. Según el jurista, esta medida podría generar controversias y contravenciones en el ámbito judicial debido a sus posibles implicaciones en el funcionamiento de los procesos especializados. 

Montenegro sostiene que la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura sería ilegal y que, a su criterio, no tendría un sustento jurídico suficiente. El abogado considera necesario revisar el marco legal que respalda la supresión de esta unidad y las consecuencias que podría generar para los procesos relacionados con delitos de corrupción. 

El pronunciamiento se suma al debate generado alrededor de los cambios en las dependencias judiciales especializadas. Mientras continúan los cuestionamientos, corresponderá a las autoridades competentes determinar la legalidad de la medida y sus eventuales efectos sobre el sistema de justicia. 

Rolando Goyes García, CORAPE