Hasta los bajos de la Corte Constitucional (CC), llegaron familiares, pacientes y representantes de clínicas dializadoras para pedir a la entidad que se dé cumplimiento a la sentencia 16-16 del 20 de septiembre de 2020, donde se estipuló el pago a estos centros por parte del Gobierno. Dicha resolución aún no se cumple y la deuda ascendería a 300 millones de dólares.
Rolando Goyes García, CORAPE
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