El anuncio de una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023 de la excandidata presidencial Luisa González reabre el debate sobre los mecanismos de control y la rendición de cuentas de las organizaciones políticas en Ecuador.

Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano y experta electoral, señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe revisar oportunamente la información sobre los fondos privados que reciben las organizaciones políticas para identificar posibles irregularidades en el origen y uso de los recursos.

La experta también advierte que el desconocimiento de los sistemas de control financiero por parte de las organizaciones políticas puede ocasionar errores en los registros y generar alertas sobre el manejo de los fondos. A su criterio, las falencias no se solucionan con nuevas reformas al Código de la Democracia, sino con un seguimiento oportuno y efectivo por parte de las autoridades electorales.

En este contexto, el domingo 25 de octubre, el CNE informó que aprobó el cierre del proyecto del Sistema Contable del Financiamiento a la Política (Sicofip), tras cinco años de implementación. La herramienta permitirá controlar los ingresos y egresos de las organizaciones políticas durante las campañas electorales y en periodos ordinarios. Según el organismo, estará totalmente operativa para fiscalizar los recursos de las elecciones seccionales y de los siete vocales del CPCCS, previstas para el 29 de noviembre.

Nicolle Mendoza, CORAPE.