En el marco del proceso de fiscalización a la falta de cumplimiento del Gobierno en casos como el cierre definitivo del Bloque 43 Yasuní ITT o del Laudo Arbitral con la empresa Chevron, la Asamblea solicitó la comparecencia de autoridades involucradas. Frente a ello, desde la Comisión de Garantías Constitucionales aclaró que su ausencia o negativa a compartir información podría ser causal de juicio político.
Nicolle Mendoza, CORAPE.
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