La eliminación de la tarifa preferencial para personas con discapacidad genera cuestionamientos en Quito. El concejal Andrés Campaña y representantes de varios colectivos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza N.° 127, aprobada el 8 de septiembre por el Concejo Metropolitano, al considerar que la medida afecta a un grupo reconocido como de atención prioritaria por la Constitución.

Alexander Tibanlombo, activista por los derechos de las personas con discapacidad visual, cuestionó las condiciones actuales del transporte público y señaló que en los últimos años no se han concretado mejoras suficientes en materia de accesibilidad. A esta denuncia también se sumó la abogada Odalis Freire.

Mientras tanto, el Cabildo Cívico de Quito, parte de los accionantes, señaló que la ordenanza fue aprobada a puertas cerradas y únicamente con participación de representantes del sector transportista. Los colectivos cuestionan el proceso y piden que se considere la situación de las personas afectadas por el cambio tarifario.

Según el concejal Campaña, la ordenanza establece mediante una disposición derogatoria un cambio inmediato en la tarifa para los grupos de atención prioritaria, que, según el texto de la normativa, pasaría a USD 0,17. En cambio, el incremento de la tarifa general está previsto para aplicarse a partir de 2027.

Nicolle Mendoza, CORAPE.