El abogado Jorge Peñafiel señaló que la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional puede fiscalizar las actuaciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como de los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. Según explicó, este proceso debe centrarse en las actuaciones de las autoridades responsables del procedimiento. 

Peñafiel sostuvo que la fiscalización no debería dirigirse contra los postulantes al cargo, sino examinar las decisiones y actuaciones administrativas de quienes organizan y conducen el concurso. Su pronunciamiento se produce en medio de cuestionamientos relacionados con la fase de impugnaciones y la descalificación de varios aspirantes. 

El proceso de selección ha generado críticas de postulantes y veedores ciudadanos, quienes han señalado presuntas irregularidades y solicitado revisiones de las decisiones adoptadas. El CPCCS, por su parte, establece que los aspirantes e impugnantes pueden presentar recursos de apelación ante el Pleno del organismo. La discusión sobre el alcance de la fiscalización legislativa se enmarca en la necesidad de determinar las competencias de cada institución y garantizar la transparencia del concurso. 

Rolando Goyes García, CORAPE