La decisión de la Fiscalía de reformular cargos en el caso Goleada y cambiar la investigación de delincuencia organizada a lavado de activos generó cuestionamientos desde el ámbito jurídico. El abogado penalista Vladimir Porojnia advirtió que existen elementos dentro del proceso que, a su criterio, deberían analizarse con mayor profundidad, especialmente ante un posible uso del sistema judicial como instrumento de persecución política contra el alcalde de Guayaquil y su familia.

Entre las observaciones planteadas por el jurista se encuentra el procedimiento aplicado para la incautación de bienes inmuebles relacionados con la causa. Porojnia sostuvo que las actuaciones de la Fiscalía en esta etapa podrían presentar inconsistencias legales, especialmente en torno a las garantías procesales y el manejo de las medidas cautelares.

El especialista también señaló que la intención de vincular a nuevos sospechosos podría responder a una estrategia para ampliar el tiempo de investigación. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de lavado de activos contempla penas que van desde los 19 hasta los 22 años de prisión, dependiendo del nivel de participación y el monto involucrado en la presunta estructura ilícita.

Nicolle Mendoza, CORAPE.