La falta de reparación de los daños ocasionados por derrames petroleros anteriores genera preocupación ante la reactivación del transporte de crudo colombiano hacia Ecuador. Así lo advirtió la abogada y defensora de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, Verónica Potes, quien alertó sobre los riesgos ambientales asociados a estas operaciones, que, según Petroecuador, generarían ingresos anuales de USD 16,8 millones para el Estado.

Potes señaló que la preocupación aumenta porque el Estado ecuatoriano aún no ha reparado los daños ocasionados por derrames anteriores en las mismas zonas. A su criterio, la reactivación de estas operaciones exige evaluar los riesgos y establecer garantías para evitar nuevas afectaciones a los ecosistemas y a las comunidades cercanas a los oleoductos.

En el ámbito jurídico, la experta sostuvo que el Estado ecuatoriano deberá asumir responsabilidades frente a posibles derrames de petróleo. Por ello, consideró necesario esclarecer las obligaciones relacionadas con la prevención, la respuesta ante emergencias y la reparación de los daños que pudieran ocasionarse.

Finalmente, Potes enfatizó que el Gobierno debe transparentar las condiciones contractuales, los volúmenes de crudo transportados y las medidas de prevención y mitigación previstas. Entre los riesgos que requieren atención mencionó la erosión del suelo y los posibles atentados contra la infraestructura petrolera, factores que podrían comprometer la integridad de los oleoductos y generar impactos ambientales.

Nicolle Mendoza, CORAPE.