La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad reformas a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que endurecen las penas hasta 35 años para quienes cometan estos delitos. Sin embargo, para Annabelle Guerrero, abogada experta en derechos humanos y directora del Centro de Justicia y Género, su aplicación requiere presupuesto suficiente y políticas públicas efectivas que permitan prevenir y combatir esta problemática.

Guerrero señaló que la pobreza y la falta de recursos económicos incrementan la vulnerabilidad de las personas frente a las redes de trata. Además, explicó que esta problemática puede estar relacionada con las uniones forzosas, por lo que considera necesario fortalecer las acciones de prevención y protección para las posibles víctimas.

En este contexto, la experta cuestionó que las reformas no profundizaran en las garantías para las casas de acogida, espacios que brindan refugio y atención a quienes han sufrido estos delitos. A su criterio, es fundamental fortalecer estos servicios para asegurar que las víctimas reciban acompañamiento y protección adecuados.

Por otra parte, advirtió sobre los obstáculos que enfrenta la lucha contra la trata cuando existen posibles vínculos entre funcionarios públicos y redes del crimen organizado, incluidos miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Frente a este escenario, planteó la aplicación de exámenes de confianza al personal encargado de estos procesos y la investigación de las denuncias para identificar posibles actos de corrupción.

Nicolle Mendoza, CORAPE.