En entrevista con CORAPE, la asambleísta Verónica Íñiguez, quien asumió la presidencia de la Comisión de Garantías Constitucionales, explicó que la mesa legislativa continuará con el tratamiento de proyectos que quedaron pendientes de otros periodos. Entre ellos mencionó la Ley de Víctimas, el proyecto de empoderamiento de las mujeres rurales y la iniciativa para el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en Ecuador.  

Íñiguez también se refirió al seguimiento de la consulta popular sobre el Yasuní, al cumplirse tres años de la decisión ciudadana de mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43, Yasuní-ITT. Señaló que organizaciones sociales acudieron a la comisión para presentar información sobre el cumplimiento del mandato y que, a partir de estos planteamientos, se solicitaron respuestas al Ministerio de Energía y Minas. Además, indicó que se había requerido información a Petroecuador y que, ante la falta de respuesta, se realizó un nuevo pedido.  

Sobre el trabajo de fiscalización, la asambleísta recordó que los funcionarios públicos tienen un plazo máximo de 10 días laborables para responder los pedidos de información. Señaló que, si no existe respuesta, la comisión puede insistir y posteriormente comunicar el caso al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Íñiguez cuestionó además la falta de atención a estos requerimientos y consideró que la Asamblea debería priorizar temas como la situación del sistema de salud pública.

Elba Luzardo, CORAPE