Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), explicó que es necesario diferenciar el juicio de las comunidades contra Chevron —en el que el Estado ecuatoriano no participó— del proceso arbitral iniciado por la petrolera en contra del Estado, donde las comunidades tampoco son parte. Sobre este último, que derivó en la orden de pagar 220 millones de dólares a Chevron, afirmó que la decisión es injusta y que se ha dicho mentiras en torno al caso.  Fajardo también recordó las afectaciones ambientales y sociales que dejó la operación de la petrolera en la Amazonía y que continúan sin ser reparadas.

Elba Luzardo, CORAPE