La salida de Ecuador del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) era un escenario que, según el politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTPL, Santiago Pérez, se venía anticipando en función del contexto político del país y del panorama geopolítico regional. El mecanismo fue adoptado por Ecuador en 2010 como parte de un acuerdo impulsado por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). El 23 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 430 para denunciar el tratado constitutivo, tras recibir la autorización de la Asamblea Nacional. 

Pérez señaló que la decisión debe analizarse desde perspectivas jurídicas, políticas y económicas. Explicó que el proceso no comenzó recientemente, sino que tuvo un antecedente en 2022, cuando la Corte Constitucional determinó que la salida del acuerdo requería autorización legislativa.  

En el ámbito económico, indicó que la medida tendría pocos efectos inmediatos debido a que el sistema registraba una actividad limitada. En el plano político, sostuvo que la decisión puede interpretarse como una toma de distancia de instrumentos de integración vinculados al ALBA y como una señal de una política exterior enfocada en otros espacios de cooperación, comercio e inversión.  

No obstante, señaló que los mecanismos regionales de pago pueden ofrecer ventajas y consideró que América Latina requiere instrumentos financieros y comerciales que contribuyan a la integración y a la reducción de costos de transacción. 

Elba Luzardo, CORAPE