El pasado 22 de junio, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó una denuncia ante la Fiscalía por la presunta existencia de una red de espionaje vinculada a Segura EP. Según el Gobierno, esta estructura habría operado a través del sistema de videovigilancia de la empresa pública mediante una supuesta "sala espejo", que habría permitido acceder a información sensible y al monitoreo de cámaras de seguridad. 

La denuncia dio paso a una investigación por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de información pública. 

Consultado sobre este caso, el abogado penalista Francisco Estupiñán señaló que uno de los aspectos que considera relevantes es la falta de una normativa específica que regule el funcionamiento de los centros de monitoreo administrados por los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). A su criterio, es necesaria una regulación que establezca los alcances, límites y mecanismos de control para su operación. 

Estupiñán explicó que la existencia de una sala espejo, por sí sola, no constituye una conducta ilegal. Indicó que este tipo de sistemas puede emplearse para compartir el monitoreo con entidades como la Policía Municipal o el Cuerpo de Bomberos. Por ello, sostuvo que el análisis jurídico debe centrarse en la finalidad para la que fue creada y utilizada la sala, más que en su existencia. 

Añadió que, si una sala espejo hubiera sido utilizada para obtener información personal con fines distintos a la seguridad pública, ese uso podría configurar una conducta ilícita. 

Respecto a los presuntos delitos que forman parte de la investigación, Estupiñán manifestó que la Fiscalía deberá demostrar los elementos que sustenten esas acusaciones dentro del proceso penal. En cuanto al presunto peculado, señaló que será necesario determinar si existió un beneficio para alguna persona y quién lo obtuvo. Agregó que, desde su perspectiva, ese aspecto podría resultar difícil de acreditar. 

Respecto al proceso de fiscalización que lleva adelante la Asamblea Nacional sobre Segura EP, Estupiñán señaló que ese ámbito corresponde al control político. En ese contexto, sostuvo que el Legislativo debe realizar una investigación profunda para esclarecer lo ocurrido.

Elba Luzardo, CORAPE