Mayra Guerra, directora de la Escuela de Derecho de la UIDE, explicó que la Ley Orgánica del Servicio Público contempla licencias para las autoridades que, por diferentes motivos, deben ausentarse de sus cargos. Sin embargo, una vez transcurridos tres días de ausencia, es necesario solicitar una licencia, que puede extenderse hasta por 60 días dentro de un mismo periodo anual.

Si la autoridad requiere ausentarse por más tiempo, puede hacer uso de su periodo de vacaciones. Concluido ese plazo, puede aplicarse la figura de la subrogación, como ocurre actualmente con la Alcaldía de Guayaquil.

Respecto al caso del alcalde del Puerto Principal, Guerra señaló que, debido al tiempo de ausencia registrado, podría iniciarse un proceso de remoción. No obstante, aclaró que para ello deben configurarse las causales previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), entre ellas, la existencia de una sentencia ejecutoriada por un delito o una ausencia injustificada por más de tres días.

La especialista añadió que el proceso de remoción debe garantizar el debido proceso. Para ello, la autoridad debe ser notificada, contar con un periodo para ejercer su defensa y presentar pruebas de descargo. Posteriormente, la Comisión de Mesa emite un informe que es conocido por el concejo municipal, organismo que resuelve mediante votación. La remoción requiere el voto favorable de, al menos, las dos terceras partes de sus integrantes, siempre que se comprueben las causales establecidas en la ley.

Guerra también precisó que, si se aplica la subrogación, la nueva autoridad deberá dar continuidad al plan de trabajo de quien fue reemplazado, independientemente de su filiación política, priorizando el bienestar de la ciudadanía y del territorio.

Finalmente, indicó que la situación de varios alcaldes involucrados en investigaciones por presuntos actos de corrupción abre el debate sobre la posibilidad de reformar la normativa para regular periodos más prolongados de ausencia. No obstante, subrayó que lo deseable es que estas situaciones no respondan a investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción.

Fernanda Vera, CORAPE.