En noviembre de este año termina la concesión que hizo el Estado ecuatoriano para que una empresa privada maneje el funcionamiento y la operación del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) y según lo que se establece en el contrato, este volvería a ser manejado por el Gobierno en este 2023. De ahí que Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, mencionó que este es un tema que debe ser analizado por el nuevo presidente que sea electo en este proceso anticipado de elecciones y reiteró que no se puede renegociar una nueva concesión sin ver las implicaciones a futuro.

Rolando Goyes García, CORAPE