El economista Anthony Pozo cuestionó el corto tiempo en el que la Asamblea Nacional tramitó y aprobó la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027, que asciende a 50.213 millones de dólares. Señaló que el tratamiento, realizado en menos de diez días y durante el feriado, dejó poco espacio para el análisis técnico y la participación de sectores que podrían verse afectados por las asignaciones presupuestarias. 

Pozo advirtió sobre los requerimientos de financiamiento del Estado y el peso del servicio de la deuda externa. Explicó que el próximo año se prevé destinar aproximadamente 15.000 millones de dólares al pago de estas obligaciones, mientras se necesitarían cerca de 14.000 millones de dólares en nuevo financiamiento. A su criterio, esto significa que el país continuaría adquiriendo deuda en montos similares a los que destina a pagarla, por lo que el saldo de endeudamiento no se reduciría. 

En cuanto a las universidades, indicó que, pese al incremento de la asignación global para estas instituciones, el Plan Anual de Inversiones se reduciría aproximadamente a la mitad: de 280 millones de dólares contemplados en el presupuesto codificado de 2026 a entre 130 y 140 millones para 2027. Explicó que esta reducción podría afectar proyectos de infraestructura, ampliación de campus y modernización de laboratorios. 

Finalmente, respecto a salud y educación, señaló que no basta con revisar los montos asignados, sino que es necesario observar cuánto se ejecuta. Como ejemplo, mencionó que el Ministerio de Salud había ejecutado alrededor del 30 % de su presupuesto hasta finales de junio. También advirtió sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la infraestructura educativa y señaló que los procesos de contratación pública pueden retrasar la ejecución de los recursos.

Elba Luzardo, CORAPE