La crisis que enfrentan los pacientes renales en Ecuador tiene una dimensión humana y financiera que requiere atención urgente, así lo señaló el abogado constitucionalista Francisco López, quien advirtió que la situación más grave es la de las personas que necesitan recibir tres tratamientos de diálisis por semana y que no están accediendo de manera regular a este servicio, lo que pone en riesgo su salud y su vida. 

López sostuvo que esta problemática también evidencia un incumplimiento por parte del Estado de obligaciones establecidas tanto en la Constitución como en una sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2020. A ello se suma la situación de las clínicas dializadoras, que, según explicó, no reciben los recursos de forma oportuna, suficiente y sostenida para garantizar su funcionamiento. 

El jurista alertó que varios centros de diálisis enfrentan serias dificultades financieras e incluso posibles procesos de disolución, liquidación o reducción de personal. En ese contexto, indicó que los valores adeudados por el Estado a las clínicas dializadoras ascienden a aproximadamente 460 millones de dólares. 

Asimismo, consideró que el pago de esa deuda es una medida necesaria, pero insuficiente para resolver el problema de fondo. A su criterio, el país requiere una política pública estable que garantice la sostenibilidad del sistema de salud y defina objetivos claros para la atención de los pacientes renales, independientemente de los cambios de autoridades. 

 Elba Luzardo, CORAPE