El pedido de juicio político contra la exministra Inés Manzano se encuentra actualmente en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, instancia que deberá decidir si da paso al proceso o archiva la solicitud. La acusación está relacionada con presuntos incumplimientos de funciones en el manejo de los contratos de generación eléctrica suscritos con la empresa Progen para los proyectos de Salitral y Quevedo. 

En diálogo con CORAPE, el asambleísta Blasco Luna, de la bancada de Revolución Ciudadana (RC5), uno de los principales impulsores del juicio político, sostuvo que Manzano tendría una responsabilidad directa en las presuntas irregularidades detectadas en dichos contratos. 

Según Luna, las anomalías se remontan a la declaratoria de emergencia del sistema eléctrico y se evidencian en el incumplimiento de los plazos establecidos para la instalación de los generadores. El legislador afirmó que cuenta con documentación que demostraría que las fechas pactadas no se cumplieron y que, pese a ello, no se adoptaron mecanismos de control ni medidas correctivas para subsanar los problemas detectados. 

Asimismo, señaló que las autoridades involucradas habrían tenido conocimiento de las irregularidades y, aun así, se autorizó el desembolso de recursos públicos a favor de la empresa Progen. A criterio del asambleísta, la entonces ministra no precauteló los recursos del Estado al permitir pagos pese a las observaciones existentes sobre la ejecución de los contratos. 

Luna también expresó su preocupación por el futuro del proceso en la Comisión de Fiscalización. 

 Elba Luzardo, CORAPE