La Ley de Integridad Pública introduce reformas como la evaluación anticipada a jueces y fiscales, y la declaratoria de emergencia judicial. Sobre esto conversamos con el abogado Paúl Córdova, quien advirtió que dichas evaluaciones deben realizarse con criterios técnicos y objetivos, respetando la autonomía e independencia de los operadores de justicia. Advirtió además que, si los tribunales encargados de estas evaluaciones no son técnicos ni imparciales, existe el riesgo de que el proceso se distorsione y termine afectando la independencia judicial.

Elba Luzardo, CORAPE