Para el abogado constitucionalista Eduardo Vargas, hay una latente preocupación frente a la recientemente propuesta Ley de Inteligencia en Ecuador, argumentando que la normativa podría entrar en conflicto con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente en el país. Para el analista, la Ley de Inteligencia plantea objetivos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades del Estado en materia de seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la ampliación de las funciones de los organismos de inteligencia. Sin embargo, advierte que estos fines podrían abrir la puerta a prácticas que comprometan la privacidad y el manejo adecuado de la información personal de los ciudadanos.

Paulina Balseca, Radio Latacunga