La Corte Constitucional ratificó la suspensión del proyecto minero Río Blanco, en la provincia del Azuay, y confirmó que existió vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades de Molleturo.

La decisión mantiene vigentes las sentencias emitidas en 2018, que frenaron las actividades mineras en la zona, y fue recibida por organizaciones sociales y comunitarias como un fallo histórico en defensa del agua, los páramos y los derechos colectivos.

Walter Orellana, radio Católica Cuenca.