A través del proyecto “Radiografía Política” de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se identificaron algunos cambios por parte de la Contraloría General del Estado al formato de la declaración patrimonial que deben realizar los funcionarios públicos. Según señaló Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación, existen algunos datos que por ley deben ser de acceso público, sin embargo, la Contraloría ha decidido ocultarlos. 

Nicolle Mendoza, CORAPE