Son varios años que han pasado, sin que hasta el momento exista una solución del proceso legal entre el Estado, la empresa minera Cumbaratza y cientos de concesiones mineras, a quienes se les otorgó un espacio en esta zona. Sobre esto la asambleísta Isabel Enríquez mencionó que existe una afectación por 30 millones de dólares.

Rolando Goyes García, CORAPE