Para algunos legisladores, la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, cuya finalidad es brindar protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, a través del establecimiento de mecanismos, competencias y responsabilidades estatales, debe ir de la mano del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por lo que mencionaron que de ser el caso se debe reformar esta normativa.

Rolando Goyes García, CORAPE