El 7 de abril se cumplió un año del derrame de crudo de petróleo ocurrido en la Amazonía ecuatoriana que contaminó los ríos Napo y Coca y afectó alrededor de 28 mil habitantes de comunidades de la nacionalidad Kichwa. Sin embargo, las autoridades hasta el momento no han dado paso a las demandas y pedidos de reparación por parte de las comunidades y organizaciones de defensa de Derechos Humanos. Así lo manifiesta Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, quien explica la situación legal actual de este caso. 

Carlos Ramírez, CORAPE