Dos preocupaciones principales motivaron a Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas, a remitir un comunicado al gobierno de Ecuador sobre el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones. Señaló que, aunque fue tramitado con carácter de urgencia económica, no existen evidencias que justifiquen un procedimiento acelerado y excepcional. Para Romero, la norma podría restringir la libertad de asociación y otros derechos fundamentales, además de abrir un proceso riesgoso de estigmatización hacia las organizaciones sociales.

Elba Luzardo, CORAPE