Dayuma Amores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), compartió la lectura que tienen desde la organización sobre la respuesta del Gobierno Nacional a las movilizaciones en el país. Aquí habló de represión policial, la cual vivieron de cerca con la detención de dos de sus integrantes, quienes realizaban el trabajo de veeduría en la jornada del 21 de noviembre de 2024. Amores recordó que el derecho a la protesta social está constitucionalmente reconocido. 

Elba Luzardo, CORAPE