Para el abogado Andrés Rojas, el incumplimiento de los pedidos de remediación ambiental en la provincia de Napo, demuestra la falta de voluntad política por parte del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y de la Agencia de Regulación y Control Minero, quienes no reconocen el proceso de lucha y resistencia de las comunidades afectadas por la minería legal e ilegal. Rojas dijo que en esta zona existen concesiones mineras otorgadas de manera inconsulta, y aseguró que a más de la contaminación, se evidencian otros problemas como el tráfico de armas, y la desatención en cuanto a servicios básicos.
Elba Luzardo, CORAPE
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